Con el BONAD 2016, el Estado debutó en el mercado de los bonos “dollar linked”. Son títulos de deuda que se emiten en pesos y cuyo valor nominal aumenta a medida que sube la cotización oficial del dólar. En el caso del BONAD, paga intereses cada seis meses y salda el capital al vencimiento, en octubre de 2016.
La plaza local ya contaba con bonos en pesos atados al dólar: cuando el acceso al billete verde comenzó a limitarse, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Formosa y Chaco realizaron emisiones con vencimientos que llegan al año 2026.
En el caso de la Nación, se hizo hincapié en las especulaciones reinantes para justificar la emisión. Es necesario -explicaron desde Economía- reducir la demanda ilegal de dólares y generar inversiones en moneda local a través de un bono que ofrezca garantías ante una eventual depreciación del peso.
Sin embargo, se trata de un posible salvavidas de plomo para la política monetaria debido a que se generan intereses antagónicos entre la Nación y los acreedores: en un primer momento, los grandes jugadores financieros destinarán recursos al nuevo bono pero luego especularán con un alza del dólar que alimente esa inversión.
El ejercicio mental siempre es bueno: todo inversor con BONAD en su cartera deseará que el dólar oficial suba para incrementar el valor nominal y la cotización del bono, por lo que no se ofenderá si en los medios y en la City se estimula una fiebre por la divisa en sus versiones formal e informal. En ese eventual escenario, los 8,62 pesos que pagaron originalmente por cada dólar virtual del BONAD subirán, presumiblemente, en forma proporcional a la cotización oficial del dólar en el mercado de cambios.
Y si para las provincias que emitieron bonos “dollar linked” una devaluación significaría un perjuicio puesto que deberían utilizar más pesos para saldar sus deudas, para la Nación el impacto sería doble: por un lado, la obligaría a emitir más moneda a través del Banco Central para cumplir sus obligaciones en BONAD. Por el otro, pagaría el costo político de permitir una depreciación del peso frente al dólar y una probable disparada de precios.
En los papeles, surge un tercer efecto no deseado: el de fomentar nuevas alianzas entre el sector agroexportador, siempre interesado en elevar la cotización del dólar, y el financiero, hábil para diseñar operaciones que permitan no sólo forzar devaluaciones sino también evadir al fisco y fugar divisas.
Es en este sentido que el BONAD se emparenta con el error que cometió Roberto Lavagna cuando encabezó, como ministro de Economía, la emisión de los bonos atados a la inflación para conseguir más adhesiones al primer canje de la deuda en default, que tuvo lugar en 2005.
El efecto negativo se reflejó en el lobby que realizaron tiempo después los bancos, las AFJP y otros grandes inversores a través de los medios, desde cuyas tribunas criticaron con vehemencia al INDEC por ocultar en sus estadísticas la creciente inflación.
En términos políticos, aquella fue una mala jugada: se generó en el sector financiero un interés contrario a los de la Nación. Y en términos económicos, se ingresó en un círculo vicioso: la suba de precios obligaba al Estado a emitir más pesos para saldar su deuda indexada, lo que a su vez potenciaba los aumentos en góndolas y vidrieras.
Con el BONAD, una eventual suba del dólar operaría de la misma manera, con mayor emisión de pesos frente a una cantidad acotada de divisas, una fórmula a todas luces dañina para la economía.
